Una respuesta jurídica al consumo y tráfico de sustancias psicoactivasentre la autonomía personal y la intervención pública

Resumen

Cuando se menciona en términos coloquiales la palabra "droga", automáticamente lo asimilamos a un hecho o a un aspecto negativo —y lo es—. A pesar de que inicialmente se experimente un sentimiento de rechazo, con la presente investigación no pretendemos posicionarnos en la defensa de una o de otra sustancia psicoactiva, pero tampoco deseamos condenarlas de antemano. En este estudio nos proponemos profundizar en los factores que hicieron imprescindibles la formación del Estado, teniendo en cuenta la seguridad del individuo como principal factor para eso y, a partir de ahí, aún con base en la propia seguridad, en qué momento se produjo ese desequilibrio e incluso usurpación de la voluntad del individuo a la hora de decidir, por sí mismo, aquello que más le convenga, siempre y cuando que con esa decisión, no cause daño inmediato y directo a terceros. Para clarificar nuestro propósito, nos proponemos analizar la intervención "legal" del Estado en cuanto a las sustancias psicoactivas. Para ello, abordaremos los posibles modelos que se pueden adoptar, desde el prohibicionismo absoluto hasta la permisibilidad de consumo de tales sustancias que actualmente reconocen innumerables ordenamientos jurídicos y Códigos Penales. Más allá del mero consumo, un tratamiento especial merece el tráfico de estas sustancias, en relación al cual ya no se ventilan cuestiones de autonomía personal, sino de responsabilidad pública en la tutela del bien común social. La aplicación de políticas públicas de reducción de daños y de medidas alternativas al Derecho Penal para este control adquiere relevancia, principalmente a partir de la ineficacia de los resultados de la política prohibicionista. En definitiva, investigaremos si existen motivos para mantener el prohibicionismo o si finalmente ya poseemos políticas alternativas que hacen innecesario el enfoque penal de este tema.