1. Reflexión sobre el origen de los movimientos migratorios que se asientan en Castilla y León y su tipología (inmigración de permanencia o inmigración de retorno) así como los destinos locales más significativos dentro de la Comunidad, lo que incide en el desarrollo económico de una zona y repercute, asimismo, en un crecimiento de las necesidades sociales (vivienda, acceso a un empleo, sanidad, escolarización, servicios asistenciales).
2. La importancia del Educador Social, que habrá de ser potenciado localmente en aquellas capitales o territorios especialmente afectados por la presencia de inmigrantes. Se trata de una figura clave en el proceso de integración de esa población en la sociedad de acogida, cuya intervención como técnico será obligada en las zonas que previamente se indiquen, por los estudios, como más necesitadas.
3. Trascendencia de determinadas actividades laborales en nuestra Comunidad Autónoma, llevadas a cabo por población inmigrante: el servicio doméstico, la construcción, la hostelería, los trabajos de temporada, como la vendimia.
4. Análisis de la política en materia de inmigración como tarea que ha de ser compartida por distintas administraciones públicas: estatal-autonómica y local. Con especial atención al Plan Integral de Inmigración en CyL (2005/09) y a la labor llevada a cabo por el Observatorio Permanente de la Inmigración en Castilla y León.
El grupo está formado por distintos especialistas en la materia, que desde diferentes enfoques jurídicos le convierten en un instrumento capacitado para el asesoramiento, análisis e investigación de cuantos aspectos requieran ser estudiados. Quedamos de esta forma, a disposición de aquellas Administraciones, entidades públicas y privadas, asociaciones y demás organismos, cuyas necesidades en relación al tema de la inmigración, consideren adecuado solventar a través del grupo de investigación creado.
La tarea del Grupo de investigación está orientada directamente al estudio del fenómeno de la inmigración como realidad poliédrica. En este sentido, se configura con una verdadera vocación de prestación de servicios públicos, cuya utilidad puede traducirse, entre otros aspectos, en la realización de informes, dictámenes, análisis de datos estadísticos, propuestas de reforma legislativa, comentarios legales, doctrinales o jurisprudenciales.